En efecto, en reciente sentencia de ese mismo mes de
mayo del 2020 el TS ha estimado el recurso de un autónomo del taxi que empleo
la financiación para invertir en su negocio por la falta de claridad en las
clausulas que limitaban la variabilidad del tipo de interés hipotecario.
El Tribunal Supremo ha vuelto a dar una pista clara que los pequeños empresarios y los
autónomos que demandan a las entidades financieras por la existencia de
cláusulas suelo impuestas en el contrato de crédito hipotecario, según se establece en una sentencia de 11 de marzo de 2020. Así, no es
suficiente que la cláusula sea clara, sino que además se exige que se el
prestatario haya tenido conocimiento de la misma.
De esta forma, ya lo había establecido el propio
Tribunal Supremo, en una sentencia de 20 de enero de 2017, en la que su
ponente, el magistrado Vela Torres, estableció que “solo la mala fe anula las
cláusulas suelo impuestas a empresas, ya que, si no, basta con que éstas sean
legibles. Con estas dos sentencias, la Sala de lo Civil del
Alto Tribunal sienta jurisprudencia.
Advierte el ponente, que “ni el legislador
comunitario, ni el español, han dado el paso de ofrecer una modalidad especial
de protección al adherente no consumidor, más allá de la remisión a la
legislación civil y mercantil general sobre respeto a la buena fe y el justo
equilibrio en las prestaciones para evitar situaciones de abuso
contractual”.
Se trata del llamado control de incorporación, que las
entidades no superan cuando no han cumplido las obligaciones administrativas de
transparencia (en este caso no entregó la ficha FIPER), ni haber advertido
específicamente el notario de la existencia de la cláusula suelo, por lo que
los prestatarios, que solicitaron el crédito hipotecario para comprar una
licencia de taxi, no tuvieron oportunidad real de conocer que el préstamo
estaba sujeto a una limitación de la variabilidad del tipo de interés.
La nueva sentencia, de la que es ponente el mismo
magistrado, Vela Torres, determina que la cláusula suelo en estos casos no
supera el control de incorporación, porque los prestatarios “no tuvieron
oportunidad real de conocer su inclusión en el contrato y, por tanto, su mera
existencia. Lo que no supone hacer un control de transparencia, sino un control
de incorporación, que es pertinente respecto de cualquier adherente, sea consumidor
o profesional.
El ponente dictamina que en la Ley sobre Condiciones Generales de
la Contratación (LCGC), se establece que la abusividad en las cláusulas contractuales es
aplicable no sólo a los consumidores, sino también a empresarios, porque
“como se reconoce en su exposición de motivos, existen igualmente
situaciones de abuso cuando los contratos se firman entre empresas”.
Esta resolución se basa en la sentencia 241/2013, de 9
de mayo, que establece que en el Derecho nacional, tanto si el contrato se
suscribe entre empresarios y profesionales como si se celebra con consumidores,
las condiciones generales pueden ser objeto de control por la vía de su
incorporación a tenor de lo dispuesto en los artículos 5.5 de la Ley sobre condiciones generales de
la contratación (LCGC), que establece que “la redacción de las cláusulas generales debe
ajustarse a los criterios de transparencia, claridad, concreción y
sencillez”-, así como en el artículo 7 de la citada norma, que regula que
“no quedarán incorporadas al contrato las siguientes condiciones generales:
a) Las que el adherente no haya tenido oportunidad real de conocer de manera
completa al tiempo de la celebración del contrato […]”
Precedentes fallidos para la banca
Algunos empresarios ya habían logrado que se les
reconociese la nulidad de las cláusulas suelo, pero sin que el Alto Tribunal
entrase en el fondo de la cuestión.
En recientes sentencias, de 11 de marzo de 2020 y 27
de febrero de 2020, ya se habían empleado estos mismos argumentos, pero, en
estas ocasiones, el Alto Tribunal desestimó los recursos de casación de las
entidades financieras al considerar que no se citaba, en ninguno de sus
motivos, la norma que se consideraba infringida por la sentencia recurrida.
En ambos casos, la demanda de sendos empresarios fue
desestimada en primera instancia, al considerar los juzgados que como las
prestatarias no eran consumidoras, no procedía el control de transparencia.
Sin embargo, los recursos de apelación interpuestos
por las demandantes fueron estimadas por las Audiencias Provinciales, al apreciar,
en todas ellas, que la cláusula no superaba el control de incorporación. En su
virtud, revocaron las sentencias de primera instancia y estimaron la demanda.
Argumentos bancarios
En este caso, el Recurso de la entidad financiera
denunciaba la infracción de los artículos. 5.5 y 7.b de la LCGC y la jurisprudencia del Tribunal Supremo representada por las
sentencias de 9 de mayo de 2013 y 3 de junio de 2016, al considerar que la
parte recurrente sostenía, resumidamente, que la jurisprudencia de esta sala
limitaba el control de incorporación de las condiciones generales de la
contratación a la constatación de la mera transparencia documental o
gramatical. De esta forma, la Sala pudo admitir el recurso y rechazarlo,
ratificando las sentencias previas, que daban la razón al empresario.
Así, la entidad deberá devolver al afectado por
cláusula suelo las cantidades pagadas de más como consecuencia de la diferencia
entre el 6,50% que le habían impuesto y el Euríbor aplicable desde el día 9 de
mayo de 2013 (el préstamo se firmó un año antes con tipo fijo en los 12
primeros meses, como suele ser habitual en los préstamos hipotecarios): más de
20.000 euros.
Una vía cerrada
El Tribunal Supremo cuenta con una amplia colección de
autos de rechazo de recursos de casación presentados por pequeños empresarios y
autónomos que habían basado sus argumentos en el principio de transparencia,
“puesto que la condición legal de no consumidor de los prestatarios y en
base a este planteamiento inicial excluye la aplicación de la normativa de
consumidores y declara que las cláusulas eran claras y comprensibles y que los
prestatarios tuvieron la oportunidad de conocerlas por lo que superan el
control de incorporación.
El asegurado
debe firmar las cláusulas generales para que sean efectivas
Por ello, ahora queda claro que demandar el control de
incorporación se ajusta a la doctrina jurisprudencial, que también exige que se
trate de una cláusula con una redacción clara, concreta y sencilla, que permita
una comprensión gramatical normal y que el adherente haya tenido oportunidad
real de conocer al tiempo de la celebración del contrato (sentencia 314/2018,
de 28 de mayo). “. Además, es preciso que el empresario acredite que la
entidad ha vulnerado las normas de la buena fue en la configuración contractual
de las cláusulas.
Es importante recordar que, en sentencia de 28 de mayo
de 2018, el propio magistrado Vela Torres estimó que la condición de consumidor
debe apreciarse, no en el contrato principal, sino en el contrato de garantía o
fianza, cuando la persona física haya avalado a la empresa, por lo que
desestima el recurso de una sociedad mercantil en el contrato principal contra
la cláusula suelo y acoge el de varios consumidores en el recurso sobre el
contrato de garantía, que aportaron.
Según nuestra opinión, se trata de una muy buena
noticia para los no consumidores, recordemos que este criterio es inaplicable a
los no consumidores y más en esta época tan difícil, pues les abre la puerta a
reclamar esas cláusulas suelo por las que han pagado, y están pagando, unas
cantidades mucho más elevadas a las que les correspondería y que ahora
podrán solicitar a los bancos su devolución.
